Fraude en colegios comunitarios de California reaviva tensiones políticas y las peticiones de investigación

Algunos profesores denuncian sentirse desbordados por la cantidad de estudiantes falsos que inundan las clases en línea.

Según una investigación de CalMatters, más de 10 millones de dólares en ayudas federales y otros 3 millones en subsidios estatales han sido robados por falsos estudiantes en el último año. El escándalo, aunque no es nuevo, ha alcanzado una magnitud que ha obligado a legisladores de ambos partidos a tomar posición.

Nueve congresistas republicanos enviaron una carta a la secretaria de Educación, Linda McMahon, y a la fiscal general, Pam Bondi, pidiendo una investigación formal. Alegan que esta situación debería integrarse a los esfuerzos del expresidente Donald Trump por reducir el despilfarro de fondos federales. Aunque la petición menciona explícitamente a la administración Trump, el origen del reclamo es local: proviene de representantes californianos, no del gobierno federal.

De forma paralela, la asambleísta demócrata Blanca Rubio, representante de West Covina, solicitó una auditoría estatal para evaluar el alcance del fraude y la eficacia de los controles actuales. La legislatura estatal decidirá en junio si aprueba esta revisión, que podría demorar años en completarse.

Desde el sistema de colegios comunitarios, las respuestas no se hicieron esperar. Chris Ferguson, vicecanciller del sistema, defendió la gestión actual al señalar que el fraude detectado representa solo el 0.21% del total de ayudas distribuidas durante el ciclo 2023-2024. “El 99.8% del dinero llega a estudiantes reales”, subrayó.

No obstante, las cifras no disipan la preocupación dentro del sistema educativo. Algunos profesores denuncian sentirse desbordados por la cantidad de estudiantes falsos que inundan las clases en línea, lo que impide detectar fácilmente a quienes suplantan identidades o utilizan inteligencia artificial para aprobar sin asistir. 

El presidente de la Liga de Colegios Comunitarios de California, Larry Galizio y denunció que mientras se exige más fiscalización, se recortan fondos clave. Desde 2022, el estado ha destinado más de 150 millones de dólares a mejorar su ciberseguridad, precisamente para prevenir este tipo de estafas.

Instituciones como Stanford, UCLA y UC Berkeley enfrentan investigaciones por supuestas prácticas discriminatorias en nombre de la diversidad, pese a que la acción afirmativa está prohibida en el estado desde 1996. Además, varias universidades públicas —incluyendo Sacramento State y Santa Monica College— han sido acusadas de permitir acoso antisemita.

Aun así, muchos se preguntan si la presión política ayudará o solo desviará la atención de los verdaderos problemas. En medio del ruido político, una cosa parece clara: el sistema necesita soluciones duraderas, no solo discursos. El reto no es solo proteger el dinero, sino garantizar que llegue a quienes más lo necesitan.