Un juez federal cuestiona mal uso de fondos contra la indigencia en Los Ángeles

La audiencia reunió a líderes locales y expuso graves fallas administrativas, pese a múltiples auditorías previas.

Un juez federal de Estados Unidos expresó fuertes inquietudes sobre la falta de control en el uso de más de 2,400 millones de dólares destinados a combatir la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles. El magistrado David O. Carter señaló deficiencias en la supervisión financiera y sugirió que, de no haber avances claros, podría considerarse la designación de una administración judicial para mejorar el uso de los recursos.

La audiencia, celebrada en el centro de Los Ángeles, reunió a figuras clave como la alcaldesa Karen Bass, la presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Kathryn Barger, el contralor Kenneth Mejía y el presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson. Pero la crítica principal fue para la Agencia de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, por sus siglas en inglés), a la que Carter acusó de no fiscalizar contratos, ni exigir rendición de cuentas a proveedores durante años, pese a múltiples auditorías.

“Esto es un accidente en cámara lenta”, expresó Carter. “Nadie sabe qué hicieron los proveedores ni qué servicios prestaron. Algunos quizá cometieron fraude y nunca lo sabremos. Otros tal vez hicieron un buen trabajo… y tampoco lo sabremos”.

El juez se mostró especialmente crítico con la negativa de la alcaldesa Bass a permitir una auditoría del programa Inside Safe, diseñado para reubicar personas sin techo. La oficina del contralor argumentó que tiene plena autoridad para auditar cualquier programa municipal, pero la alcaldesa sostuvo que necesitaba su consentimiento previo.

“Resuelvan esto o el tribunal intervendrá”, comentó Carter, exigiendo resultados antes de mayo. Incluso ironizó sobre la posibilidad de citar al gobernador Gavin Newsom.

El panorama que reveló la auditoría es desolador: sin sistemas financieros sólidos ni datos precisos, los fondos públicos destinados a resolver la emergencia habitacional se han diluido en una estructura desorganizada. Mientras algunos funcionarios defendieron que ya sabían que el sistema estaba roto, Carter dejó claro que eso no basta. “Ustedes heredaron un desastre, sí, pero ahora es su responsabilidad arreglarlo”.

Aunque el juez aún no ha ordenado formalmente una intervención judicial, dejó abierta la puerta. La organización LA Alliance for Human Rights, que impulsó la demanda, sostiene que la ciudad sí puede afrontar una administración judicial temporal, tal como ocurrió en el sistema penitenciario de California.

Ahora, las autoridades tienen la oportunidad de mostrar resultados concretos. El tiempo para actuar ya comenzó.